lunes, 10 de diciembre de 2012

"Lo que hay que Wert"


Quiero dejar de entrada que Jose Ignacio Wert no debería ser ministro de Educación. No sabe nada de ese mundo. No ha vivido en él. Dicho cargo necesitaba a alguien que conociera el entorno, cuales son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, sus entresijos y demás… No digo que no sea apto para el cargo digo que ni mucho menos es de lo más preparados para dicha cartera.
Ahora bien. No entiendo para nada la reacción desproporcionada que se ha dado en Cataluña con el dichoso borrador de la Ley de Mejora Educativa. Se dice que se ataca el catalán que se les está desplazando, que están fusilando su idioma. Pues bien adjunto un fragmento de dicho borrador.

2. En las Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, el uso de las lenguas deberá acomodarse lo siguiente:
a) Las administraciones educativas garantizaran en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras.
b) Corresponde a las Administraciones educativas determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística.
c) Las Administraciones educativas podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano.
d) Mientras no se realice la determinación a que se refiere el párrafo anterior, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta de determinación, no exista oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres o tutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización.
3. Cuando la Administraciones educativas establezcan modelos de plurilingüismo que supongan la impartición de las enseñanzas en lenguas extranjeras de forma adicional o exclusiva, se estará a la regulación que con carácter básico realice el Gobierno conforme a lo dispuesto en la disposición final novena de esta Ley.”

A continuación os dejo el artículo 3 de la Constitución:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Dos apreciaciones. Lo que este texto afirma es que un ciudadano que reside en Galicia que tiene el deber de conocer el castellano tal como afirma el art 3 de nuestra Constitución se le está proporcionando los medios para que en su etapa educacional este derecho y deber de conocer el castellano se lleve a término. Pero es que no sólo es esto sino que en función del estado autonómico se le podrá dar un trato diferenciado a la lengua cooficial siempre y cuando no se elimine en su totalidad el uso del castellano. Es cierto que el apartado 3 concede al Gobierno mucha capacidad de decisión respecto a la educación plurilingüe sin embargo siempre dentro del marco de lo citado anteriormente en el fragmento.
Demasiado se les concede. Debería ser equitativo y aún así lo único que saben hacer es confundir a la sociedad, que dan por hecho que no van a poder leerse las 70 páginas del borrador, mintiendo y diciendo todo tipo de barbaridades… Por favor un poco de honestidad, sinceridad y honradez, esa misma que exigen al gobierno y que ellos mismos son incapaces de proporcionar. 

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